LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

El estallido de la burbuja de la construcción y la crisis posterior han evidenciado la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo productivo que permita consolidar la recuperación económica y afrontar algunas de las debilidades estructurales de la economía española. En este sentido, podemos preguntarnos por el papel que la política económica puede jugar a fin de favorecer tal cambio de modelo productivo. Y existen dos estrategias alternativas. 

Una primera opción, de corte más intervencionista, partiría de la identificación desde el estado de los sectores económicos llamados a constituirse en motores del crecimiento y en yacimientos de empleo. Al objeto de impulsar el cambio de modelo, los poderes públicos orientarían selectivamente la inversión y los incentivos públicos hacia estos sectores. Los candidatos previsibles serían algunas actividades de alto nivel tecnológico o buenas perspectivas de futuro. En el escenario actual, esta estrategia, con un alto protagonismo estatal, queda substancialmente constreñida por las exigencias de contención presupuestaria. Más allá de esta limitación, argumentos de peso desaconsejan esta vía. 

En una economía de mercado la detección de las oportunidades de negocio con mayor potencial no es una función propia de la iniciativa pública, sino de los emprendedores y de las empresas privadas. Es a estos a los que corresponde leer las señales del mercado y valorar las capacidades competitivas de sus empresas para tomar en consecuencia sus decisiones de inversión. Difícilmente podrá el Estado en una economía de mercado madura reemplazar con éxito a la iniciativa privada en este cometido, que constituye el núcleo central de la planificación estratégica en la empresa y la esencia de la perspicacia emprendedora.

Por otra parte, las oportunidades de negocio atractivas pueden encontrarse también en sectores maduros que difícilmente serían catalogados como “estratégicos” en ningún análisis de prospectiva. Así, por ejemplo, incuestionables referentes de éxito empresarial en los últimos tiempos en España o Suecia como, respectivamente, Inditex e Ikea se encuadran en sectores, como el textil/confección o la industria del mueble, que a priori habrían sido calificados como industrias tradicionales sin especial relevancia estratégica, ni proyección de futuro. La clave de estas historias de éxito empresarial se encuentra en aspectos intangibles como el diseño, la organización, el marketing o la innovación y estos factores son aplicables potencialmente a cualquier actividad, no sólo a las de un nivel tecnológico más alto.

Frente a esta estrategia de política industrial beligerante, cabe un planteamiento alternativo que confíe el liderazgo productivo a la iniciativa empresarial privada, limitándose a un papel de acompañamiento activo. Bajo este enfoque, la acción pública debería preocuparse fundamentalmente por crear un marco general favorable a la actividad empresarial, que estimule el surgimiento y el desarrollo fluido de las iniciativas emprendedoras. El mantenimiento de un marco regulatorio, administrativo, fiscal, financiero y cultural favorable a la empresa puede así coadyuvar a la generación y regeneración de un tejido productivo sólido y competitivo. 

Un entorno empresarial favorable propicia la aparición de nuevas empresas y la adopción por las ya establecidas de comportamientos dinamizadores (crecimiento, innovación, internacionalización, ...); pero al mismo tiempo eleva el atractivo del territorio como destino de inversiones de grandes empresas externas y contribuye a la retención de las previamente instaladas en él.

A este respecto, cabe señalar que España ocupa el puesto el lugar 33 (entre 189 países) en el mundo en función de las condiciones de su entorno empresarial según el informe Doing Business. En el último año nuestro país ha empeorado su posición en un puesto. España se sitúa en esta clasificación, elaborada por el Banco Mundial, justo por delante de Colombia, Perú o Montenegro.

La estrategia de mejora del entorno empresarial requiere de la actuación pública sobre los fallos del mercado y los fallos institucionales que constituyen obstáculos para las empresas. La regulación inadecuada, el mal funcionamiento administrativo, un sistema fiscal mal diseñado o la falta de una cultura emprendedora constituyen barreras para las empresas que la acción pública debe considerar y reparar. 

Especialmente destacables son los fallos en el funcionamiento del sistema financiero -derivados de situaciones de información imperfecta y asimétrica-, que dificultan el acceso al crédito a las pyme en comparación con las grandes empresas. Este sesgo en el racionamiento del crédito en perjuicio de las pyme limita la canalización eficiente de recursos financieros hacia proyectos ambiciosos e innovadores, que implican riesgos diferenciales. A este respecto, se abre un campo de actuación de singular relevancia para medidas de política financiera que corrijan y completen el funcionamiento autónomo de los mercados financieros, potenciando mecanismos específicos de financiación para las pyme (capital semilla, capital riesgo, sociedades de garantía recíproca, avales públicos, etc.). 

En cualquier caso, resulta indudable que en el nuevo modelo productivo deberían ganar peso las actividades de alto valor añadido asociadas al conocimiento, la creatividad y la innovación. Es por ello que la política económica para un nuevo modelo productivo debería fomentar la innovación empresarial y sentar las bases para que el conocimiento y la creatividad se incorporen con éxito a los procesos productivos. Con este fin, se justifican los esfuerzos dirigidos a mejorar el capital humano y tecnológico -activos productivos fundamentales en las economías basadas en el conocimiento-, así como a fortalecer los cauces institucionales que permitan la incorporación del conocimiento y la creatividad al sistema productivo. 

A este respecto, resulta estratégica la contribución de la Universidad. La vetusta institución universitaria está llamada a sumar en el siglo XXI una nueva función a sus clásicas responsabilidades en el plano docente e investigador: debe convertirse en una “Universidad emprendedora”. No sólo debe preocuparse de la generación y transmisión de conocimiento, sino que debe implicarse más directamente en su comercialización y en su aplicación al sistema productivo, bien a través de vínculos con las empresas existentes, bien a través de nuevos proyectos empresariales surgidos de ella (“spin-off”).