¿TIENEN ÉXITO LOS EMPRENDEDORES INMIGRANTES? UN ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL DE LOS NEGOCIOS CON INCUBACIÓN PÚBLICA EN ANDALUCÍA

Entrada elaborada con Víctor Bellido Jiménez y Domingo Martín Martín y publicada en el blog "La riqueza de las regiones" de la Asociación Española de Ciencia Regional.

La creación de un negocio proporciona un medio de vida y puede mejorar la situación socioeconómica de los inmigrantes, especialmente en el caso de los que muestran una desventajosa inserción en el mercado de trabajo. A este respecto, la supervivencia de las empresas creadas por inmigrantes puede considerarse un indicador elemental del éxito de sus iniciativas empresariales.

En un reciente trabajo publicado en la revista Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research- (Bellido-Jiménez, Martín-Martín y Romero, 2022) analizamos la supervivencia de las empresas incubadas por la Fundación Andalucía Emprende (AE). AE ha sido el instrumento fundamental de la Junta de Andalucía para la promoción del emprendimiento y el desarrollo de la pyme en las últimas dos décadas. La actuación de AE se enmarca en el esfuerzo desplegado por el gobierno regional para impulsar el espíritu empresarial y la actividad emprendedora en Andalucía (Romero y Fernández-Serrano, 2014).

Nuestro análisis se construye a partir de un estudio de la supervivencia anual de 1,974 negocios incubados por los servicios de apoyo público de esta fundación en el período 2009-14, incluyendo iniciativas impulsadas por auto-empleados (empresarios individuales) de nacionalidad española y extranjeros. Desde la perspectiva metodológica, el análisis emplea modelos econométricos sobre datos de duración. 

El negocio promedio en nuestra base de datos estaba localizado en una ciudad media del interior, disponía de un empleado en el momento de su creación y contó con una inversión inicial de unos 28,500 euros, operando en el sector servicios. El perfil más habitual de su promotor era el de varón de nacionalidad española, de más de 40 años y con estudios de bachillerato o formación profesional. 

No obstante, el perfil más frecuente difiere cuando se analizan por separado los auto-empleados nacionales y extranjeros. Así pues, las empresas creadas con el apoyo de AE por auto-empleados extranjeros se situaron predominantemente en los centros urbanos regionales y ciudades medias del litoral, que representan polos de atracción de la población inmigrante en Andalucía. El negocio promedio impulsado por los auto-empleados inmigrantes contó con una inversión inicial menor, que ascendió solo a algo más de la tercera parte de la observada en el caso de los promotores nacionales. La edad media del auto-empleado extranjero fue superior a la del nacional y preponderó el perfil femenino, frente al masculino en el caso de los promotores nacionales. Finalmente, entre los inmigrantes fue menor la participación de promotores con estudios de Bachillerato y Formación Profesional, en comparación con lo observado para los auto-empleados nacionales. Sin embargo, entre los auto-empleados extranjeros los porcentajes de promotores con estudios primarios y ESO, así como con estudios universitarios, fueron superiores a los observados en el caso de los auto-empleados nacionales.

Nuestros resultados indican que las probabilidades de supervivencia de los negocios impulsados por emprendedores inmigrantes son menores a las de los puestos en marcha por auto-empleados autóctonos. Como se observa en el gráfico, la curva de supervivencia empírica de los promotores extranjeros está sistemáticamente por debajo de la de los promotores autóctonos. Transcurridos cinco años desde la puesta en marcha del negocio, más de la mitad de los auto-empleados habían abandonado la actividad, en concreto, el 52.97% de los auto-empleados nacionales frente al 65.51% de los extranjeros. Estas diferencias se mantienen cuando se controla mediante métodos econométricos por diversas características básicas de los negocios y de los perfiles personales de los auto-empleados (como la localización, el nivel de inversión inicial y el sector de actividad del negocio y el nivel educativo y el sexo de la persona promotora, entre otras variables). 

Curvas de supervivencia estimadas para los negocios con promotores extranjeros y nacionales (método Kaplan-Meier)

Nuestro análisis se centra en empresas que disfrutaron de apoyo con recursos y asesoramiento público. En el caso de los auto-empleados extranjeros, se trata, por tanto, de emprendedores inmigrantes que tenían un cierto grado de integración en la comunidad de acogida, dado que tuvieron conocimiento de los servicios de apoyo público al emprendimiento y desarrollaron una colaboración efectiva con Andalucía Emprende. A pesar de ello sus tasas de supervivencia se situaron significativamente por debajo de las de los promotores nacionales. Este resultado sugiere la existencia de dificultades particulares para el inicio y la consolidación de las iniciativas emprendedoras en el caso de los auto-empleados de origen extranjero.

La supervivencia en los auto-empleados extranjeros fue inferior a la de los nacionales para todos los grupos por nivel educativo; no obstante, estas diferencias fueron muy amplias para el caso de los auto-empleados con solo educación primaria o ESO; resultaron menores en el caso de los auto-empleados con educación universitaria, reduciéndose aún más en el caso de los auto-empleados con título de bachillerato o formación profesional. 

Los resultados de este trabajo muestran que, en general, la formación del auto-empleado tiene un impacto positivo en la supervivencia de los negocios de nueva creación y que este factor juega un papel aún más relevante para los inmigrantes. Una formación superior parece proporcionar instrumentos cognitivos que permiten a los inmigrantes superar las barreras específicas que afrontan en el desarrollo de sus iniciativas emprendedoras. Así pues, en el caso de los emprendedores extranjeros el nivel de educativo actúa como una “vacuna” frente al cierre de sus negocios. 

De estos resultados pueden derivarse implicaciones directas en relación con las políticas de fomento al emprendimiento en Andalucía. El apoyo a las iniciativas empresariales de la población inmigrante puede jugar un papel relevante para la mejora de la situación económica y laboral de este colectivo y, en consecuencia, para su integración social en la región. No obstante, los servicios de apoyo público deben ser conscientes de las mayores dificultades que experimenta este colectivo de emprendedores y promover iniciativas que favorezcan sus probabilidades de éxito. El establecimiento de procedimientos de atención particularmente diseñados para inmigrantes en los servicios de información y apoyo para la creación de empresas podría ser una aproximación útil a este respecto. Asimismo, a tenor de los resultados de este trabajo, ciertas acciones formativas podrían favorecer la supervivencia y el éxito empresarial de los negocios promovidos por los inmigrantes.

Referencias bibliográficas.

Romero, I. y Fernández-Serrano, J. (2014): “The European Cohesion policy and the promotion of entrepreneurship. The case of Andalusia”, Investigaciones Regionales / Journal of Regional Research, 29, 215-236.

Bellido-Jiménez V. M., Martín-Martín, D. y Romero. I. (2022): “Autoempleo en inmigrantes y supervivencia empresarial de los negocios incubados en Andalucía”. Investigaciones Regionales / Journal of Regional Research, 52, 25–41.

EL TAMAÑO EMPRESARIAL IMPORTA

El tamaño óptimo de una empresa es el resultado de un amplio conjunto de factores (economías de escala, costes de transacción, estructura del mercado, …). A su vez, la composición por tamaños del tejido empresarial en una economía -globalmente considerada- es asimismo consecuencia de múltiples factores (dotación de recursos, tecnología, grado de apertura, instituciones, tamaño del mercado interior, …). Ambos aspectos se ven afectados por los continuos cambios tecnológicos, económicos y socio-políticos. 

En cualquier caso, las empresas que funcionan bien y colocan productos atractivos en el mercado captan, por lo general, mayor demanda y obtienen mejores resultados, lo que impulsa su crecimiento. Por el contrario, las empresas menos competitivas ven coartadas sus posibilidades de crecimiento -e incluso ponen en peligro su supervivencia-, crean menos empleo, tienen menor productividad y pagan salarios más bajos. Desde esta óptica, la mayor prueba del éxito de una pyme consiste en dejar de serlo, convirtiéndose en una gran empresa. El papel dinámico de la pyme, retando a empresas consolidadas y modificando las pautas de competencia, es fundamental en una economía de mercado. 

Así pues, el tamaño empresarial y su crecimiento representan en general un signo de salud de la empresa. No obstante, no todo crecimiento empresarial es necesariamente saludable: las nuevas inversiones pueden no resultar rentables o venir asociadas a un excesivo endeudamiento (los problemas actuales de Abengoa ilustran el segundo caso). Asimismo, cuando las empresas crecen de modo extraordinario pueden llegar a alcanzar una posición de cierto control o auténtico dominio del mercado, lo que favorece el desarrollo de prácticas que limitan o cercenan la competencia efectiva en perjuicio de los consumidores. Los poderes públicos deben diseñar regulaciones que eviten esos efectos perniciosos, como muestra el Prof. Jean Tirole, Premio Nobel de Economía en 2015. 

En el caso concreto de España y Andalucía, se aprecia un tamaño empresarial medio por debajo de las economías más prósperas de la UE. Según datos de Eurostat, el número medio de trabajadores por empresa en España era de 4,7 en 2014, número inferior al de Francia (5,7 empleados) y muy lejos de las cifras del Reino Unido (11 trabajadores) y Alemania (11,7 asalariados). Esta atomización empresarial se manifiesta como una restricción al desarrollo tecnológico, la innovación y al crecimiento de la productividad de nuestras empresas, limitando su capacidad de competir en el mercado mundial (véase esto o esto). Las grandes empresas españolas muestran unos niveles de productividad semejantes (o incluso superiores) a los de sus homólogas en las grandes economías de la UE (véase aquí). Por tanto, el desfase en los niveles de productividad de la economía nacional con las economías europeas más prósperas se explica por el diferencial de productividad en nuestras pymes y su mayor presencia relativa en nuestra economía (efecto composición).

A este respecto, cabe señalar que en el marco regulador español, como en el de otros países, existen requerimientos legales en la normativa mercantil, laboral o fiscal asociados al tamaño que tienen un efecto desincentivador del crecimiento empresarial. Así pues, nuestras empresas optan en ocasiones por no crecer para eludir determinadas normas que les acarrean costes adicionales. Se da lugar así a lo que algún analista ha dado en denominar “la maldición del empleado 50”. 

Estos problemas derivados de la regulación coexisten en nuestro país con los asociados a una acción pública insuficiente en defensa de la competencia en algunos sectores oligopolizados o con restricciones a la competencia, principalmente en el campo de los servicios. Se requiere a tal efecto una regulación más inteligente que estimule la competencia efectiva a la vez que evite la generación de distorsiones, como el mencionado freno al crecimiento empresarial. 

Asimismo, la creciente apuesta pública por los emprendedores queda excesivamente enfocada al estímulo del autoempleo -como respuesta de política social ante situaciones de desempleo- sin que ello suponga con frecuencia un impulso a proyectos empresariales con auténtica proyección económica. A este respecto, cabe apoyar en mayor medida el crecimiento de la pyme para consolidar un sector de mediana empresa capaz de competir globalmente. Esta transformación es parte del cambio en el modelo productivo que las economías española y andaluza necesitan.

LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

El estallido de la burbuja de la construcción y la crisis posterior han evidenciado la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo productivo que permita consolidar la recuperación económica y afrontar algunas de las debilidades estructurales de la economía española. En este sentido, podemos preguntarnos por el papel que la política económica puede jugar a fin de favorecer tal cambio de modelo productivo. Y existen dos estrategias alternativas. 

Una primera opción, de corte más intervencionista, partiría de la identificación desde el estado de los sectores económicos llamados a constituirse en motores del crecimiento y en yacimientos de empleo. Al objeto de impulsar el cambio de modelo, los poderes públicos orientarían selectivamente la inversión y los incentivos públicos hacia estos sectores. Los candidatos previsibles serían algunas actividades de alto nivel tecnológico o buenas perspectivas de futuro. En el escenario actual, esta estrategia, con un alto protagonismo estatal, queda substancialmente constreñida por las exigencias de contención presupuestaria. Más allá de esta limitación, argumentos de peso desaconsejan esta vía. 

En una economía de mercado la detección de las oportunidades de negocio con mayor potencial no es una función propia de la iniciativa pública, sino de los emprendedores y de las empresas privadas. Es a estos a los que corresponde leer las señales del mercado y valorar las capacidades competitivas de sus empresas para tomar en consecuencia sus decisiones de inversión. Difícilmente podrá el Estado en una economía de mercado madura reemplazar con éxito a la iniciativa privada en este cometido, que constituye el núcleo central de la planificación estratégica en la empresa y la esencia de la perspicacia emprendedora.

Por otra parte, las oportunidades de negocio atractivas pueden encontrarse también en sectores maduros que difícilmente serían catalogados como “estratégicos” en ningún análisis de prospectiva. Así, por ejemplo, incuestionables referentes de éxito empresarial en los últimos tiempos en España o Suecia como, respectivamente, Inditex e Ikea se encuadran en sectores, como el textil/confección o la industria del mueble, que a priori habrían sido calificados como industrias tradicionales sin especial relevancia estratégica, ni proyección de futuro. La clave de estas historias de éxito empresarial se encuentra en aspectos intangibles como el diseño, la organización, el marketing o la innovación y estos factores son aplicables potencialmente a cualquier actividad, no sólo a las de un nivel tecnológico más alto.

Frente a esta estrategia de política industrial beligerante, cabe un planteamiento alternativo que confíe el liderazgo productivo a la iniciativa empresarial privada, limitándose a un papel de acompañamiento activo. Bajo este enfoque, la acción pública debería preocuparse fundamentalmente por crear un marco general favorable a la actividad empresarial, que estimule el surgimiento y el desarrollo fluido de las iniciativas emprendedoras. El mantenimiento de un marco regulatorio, administrativo, fiscal, financiero y cultural favorable a la empresa puede así coadyuvar a la generación y regeneración de un tejido productivo sólido y competitivo. 

Un entorno empresarial favorable propicia la aparición de nuevas empresas y la adopción por las ya establecidas de comportamientos dinamizadores (crecimiento, innovación, internacionalización, ...); pero al mismo tiempo eleva el atractivo del territorio como destino de inversiones de grandes empresas externas y contribuye a la retención de las previamente instaladas en él.

A este respecto, cabe señalar que España ocupa el puesto el lugar 33 (entre 189 países) en el mundo en función de las condiciones de su entorno empresarial según el informe Doing Business. En el último año nuestro país ha empeorado su posición en un puesto. España se sitúa en esta clasificación, elaborada por el Banco Mundial, justo por delante de Colombia, Perú o Montenegro.

La estrategia de mejora del entorno empresarial requiere de la actuación pública sobre los fallos del mercado y los fallos institucionales que constituyen obstáculos para las empresas. La regulación inadecuada, el mal funcionamiento administrativo, un sistema fiscal mal diseñado o la falta de una cultura emprendedora constituyen barreras para las empresas que la acción pública debe considerar y reparar. 

Especialmente destacables son los fallos en el funcionamiento del sistema financiero -derivados de situaciones de información imperfecta y asimétrica-, que dificultan el acceso al crédito a las pyme en comparación con las grandes empresas. Este sesgo en el racionamiento del crédito en perjuicio de las pyme limita la canalización eficiente de recursos financieros hacia proyectos ambiciosos e innovadores, que implican riesgos diferenciales. A este respecto, se abre un campo de actuación de singular relevancia para medidas de política financiera que corrijan y completen el funcionamiento autónomo de los mercados financieros, potenciando mecanismos específicos de financiación para las pyme (capital semilla, capital riesgo, sociedades de garantía recíproca, avales públicos, etc.). 

En cualquier caso, resulta indudable que en el nuevo modelo productivo deberían ganar peso las actividades de alto valor añadido asociadas al conocimiento, la creatividad y la innovación. Es por ello que la política económica para un nuevo modelo productivo debería fomentar la innovación empresarial y sentar las bases para que el conocimiento y la creatividad se incorporen con éxito a los procesos productivos. Con este fin, se justifican los esfuerzos dirigidos a mejorar el capital humano y tecnológico -activos productivos fundamentales en las economías basadas en el conocimiento-, así como a fortalecer los cauces institucionales que permitan la incorporación del conocimiento y la creatividad al sistema productivo. 

A este respecto, resulta estratégica la contribución de la Universidad. La vetusta institución universitaria está llamada a sumar en el siglo XXI una nueva función a sus clásicas responsabilidades en el plano docente e investigador: debe convertirse en una “Universidad emprendedora”. No sólo debe preocuparse de la generación y transmisión de conocimiento, sino que debe implicarse más directamente en su comercialización y en su aplicación al sistema productivo, bien a través de vínculos con las empresas existentes, bien a través de nuevos proyectos empresariales surgidos de ella (“spin-off”).

EMPRENDIMIENTO E IGUALITARISMO. TAN LEJOS, TAN CERCA

A primera vista, "emprendimiento" e "igualitarismo" parecen términos encuadrados en campos semánticos opuestos. Los emprendedores que tienen éxito obtienen una recompensa en el mercado, quedando en una posición económica más favorable que la de aquellos que fracasan o la de los individuos que no emprenden. En consecuencia, la actividad emprendedora genera una desigualdad de renta que resulta necesaria y se entiende justa en el marco de una economía de mercado. Esta desigualdad viene acompañada de una mejor situación del conjunto de la sociedad, en comparación con el resultado que se obtendría en un sistema sin libre empresa. 

Desde esta perspectiva, podría pensarse que en sociedades con una cultura más igualitaria la actividad emprendedora podría ser más débil que en sociedades donde predominan los valores jerárquicos (1). Sin embargo, la evidencia empírica indica justo lo contrario, como mostramos aquí y aquí.  En estos trabajos ponemos de manifiesto la presencia de mayores niveles de emprendimiento en los países donde predominan los valores igualitarios. Asimismo, la dimensión cultural igualitarismo-jerarquía también incide en la composición y características de los emprendimientos. En aquellos países con una cultura más igualitaria los emprendedores lo son en mayor medida por haber detectado en el mercado una oportunidad que consideran estimulante y lucrativa. Por el contrario, el predominio de valores jerárquicos favorece una composición de la actividad emprendedora con mayor presencia de emprendedores por necesidad, que encuentran en el emprendimiento una salida obligada a situaciones de desempleo o subempleo. En definitiva, en países con valores más igualitarios tiende a existir más actividad emprendedora y de mejor calidad.

El emprendimiento está vinculado naturalmente a la figura del empresario, pese a que éste no tiene porqué ser, ni haber sido necesariamente emprendedor. Y no en pocas ocasiones se asocia injustamente al empresario con el perfil del explotador o el rentista, es decir, individuos de clase socio-económica alta situados en una posición privilegiada a pesar de no contribuir a un bienestar social, que en muchos casos minan. Desde esta perspectiva, se tiende a relacionar la figura del empresario –por contraposición al trabajador- a situaciones de desigualdad económica y rigidez en la estratificación social. Esta identificación superficial bien podría ser de aplicación allí donde una cierta clase empresarial obstaculiza el funcionamiento de los mecanismos de mercado, desarrollando prácticas colusivas, parapetándose en oligopolios o cuasi-monopolios, amparados a veces en el poder político, y dando lugar a un “capitalismo de amiguetes” (crony capitalism). Indicios de este fenómeno amenazan a la economía y la sociedad española de modo inquietante (por ejemplo, esto). 

Sin embargo, el emprendimiento como actividad creativa que aumenta el bienestar social, generando valor económico y empleo,  puede además constituir una palanca efectiva para la movilidad social ascendente. No se percibe así con carácter general en la sociedad española, que tradicionalmente ha preferido ver en el acceso a la función pública la vía óptima de progreso personal y familiar.

Por el contrario, en EE.UU. la actividad emprendedora asume un rol primario en la percepción que los ciudadanos tienen de su país como “tierra de oportunidades”. El emprendimiento es el cauce a través del cual el sueño americano (“the American dream”) se puede convertir en realidad (al menos para algunos). En el modelo estadounidense se entiende que las oportunidades para el progreso de los ciudadanos surgen espontáneamente si se garantizan las libertades económicas y políticas individuales, preservándolas de la interferencia del Estado. Ello se plantea, no obstante, sobre el sustrato ideológico de una concepción igualitaria formulada explícitamente en la propia Declaración de Independencia de 1776:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad."

En el modelo social europeo se asume, por el contrario, que las libertades formales son condición necesaria, pero no suficiente, para promover una auténtica igualdad de oportunidades. El Estado, garantizando el acceso de todos los ciudadanos a unos servicios básicos (especialmente, la sanidad y la educación), debe propiciar esa igualdad de partida, ampliando con ello la libertad real de los individuos.

En la práctica, parece que, frente a lo que pudiera ocurrir en otros periodos históricos, hoy por hoy el modelo europeo favorece una mayor movilidad social vertical que el modelo liberal norteamericano. EE.UU. ya no sería la tierra de las oportunidades que soñó ser, mientras que la vieja Europa mostraría una faz más inclusiva y abierta al progreso personal y social de sus ciudadanos (ver aquí).

En definitiva, el emprendimiento puede ser un mecanismo que favorezca la justicia y la movilidad social en el marco de una sociedad meritocrática que aspire a la igualdad de oportunidades (y no a una igualdad de resultados). No obstante, para ello se requiere de una acción efectiva del Estado en dos ámbitos. Por un lado, desarrollando instituciones transparentes y meritocráticas y defendiendo la competencia efectiva para evitar patologías como el capitalismo de amiguetes. Por otro lado, manteniendo políticas sociales que brinden la oportunidad real a todos los ciudadanos de progresar en función de su esfuerzo y de su talento, permitiéndoles aprovechar y desarrollar sus capacidades, con independencia de cual sea su origen y extracción social. El énfasis en la promoción del emprendimiento que se observa en nuestro país en los últimos tiempos debería venir acompañado de actuaciones consistentes en estos otros campos.

(1) Entendemos aquí por cultura igualitaria a la presente en aquellas sociedades donde los individuos son considerados como seres iguales, compartiendo el compromiso de cooperar con los demás y buscar el bien común. Por el contrario, consideramos que las sociedades jerárquicas son aquellas donde se asume como natural una distribución desigual del poder, los roles y los recursos.