ANDALUCÍA Y LA ESPECIALIZACIÓN NEGLIGENTE

Publicado en Expansión (Andalucía) en 2 de Mayo de 2017

El debate sobre el modelo productivo andaluz y su transformación retorna periódicamente adquiriendo un renovado protagonismo en foros políticos, empresariales y académicos. Los anhelos de industrialización constituyen, a este respecto, el lugar común de unas demandas recurrentes de cambio estructural impregnadas de voluntarismo. El discurso industrializador se superpone en la actualidad al relato asociado a la nueva estrategia de Política de Cohesión comunitaria, que se articula en torno al concepto de especialización inteligente (“smart specialisation”).

La estrategia de especialización inteligente anima a cada territorio a aprovechar sus fortalezas, ventajas competitivas y potencial para la excelencia a través de la innovación y un desarrollo basado en el conocimiento. La estructura económica andaluza ha estado históricamente delimitada por ventajas comparativas asociadas a su base natural. Los recursos minerales, una tierra y un clima favorable para la agricultura, su litoral y su situación geo-estratégica han marcado y marcan nuestra economía. Esta especialización, más que falta de inteligencia, ha adolecido de negligencia. Desde esta perspectiva, el retraso comparativo andaluz responde en buena parte a la falta de cuidado, aplicación y diligencia para explotar al máximo las ventajas comparativas existentes, ganando escala empresarial y ampliando el valor añadido.

¿Cómo puede Andalucía avanzar hacia una especialización más inteligente? Por una parte, incrementando la capacidad de generación de valor en sus sectores tradicionales, como el agro-alimentario o el turismo. Para ello es clave la incorporación de tecnología, conocimiento y creatividad a los procesos productivos a través de la innovación empresarial. Andalucía tiene potencial para el liderazgo global en su producción agro-alimentaria y puede explotar mejor las sinergias derivadas de la conexión de este sector con el turismo a través de la restauración y, en particular, de la alta cocina. Andalucía puede atraer a un mayor número de turistas y a la vez posicionarse para captar un turismo de mayor calidad, asociado a un gasto medio por visitante superior. Este desarrollo turístico puede alcanzarse preservando el equilibrio territorial y la sostenibilidad con la contribución del sector ambiental y las energías renovables. Y Andalucía puede y debe explotar más diligentemente las ventajas logísticas asociadas a su situación estratégica en un mundo donde las cadenas de generación de valor se han hecho globales.

Al modelo productivo andaluz se han sumado apuestas exitosas, como la del sector aeronáutico, que hay que cuidar con esmero. Existen también oportunidades por explotar en los sectores de la ingeniería, otros servicios avanzados y la cultura. Asimismo, nuevos desarrollos industriales podrían contribuir a diversificar nuestra estructura productiva. No obstante, el proceso de desindustrialización afecta a la mayor parte de las economías avanzadas y la transformación del modelo productivo solo puede responder a ventajas comparativas reales y no a buenos deseos suspendidos en el aire.

La Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) y la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 proponen un marco de referencia válido para el fortalecimiento del sistema productivo regional. Sin embargo, el reto más inmediato pasa por perseguir con diligencia la excelencia en lo que hacemos. Las empresas andaluzas deben afrontar su internacionalización y mejorar su competitividad en el mercado global con ambición e invirtiendo en conocimiento. Del mismo modo, necesitamos un sector público más eficiente que aspire a la excelencia. Y todo ello no se alcanzará con la mera retórica de los planes estratégicos, sino mediante una labor sorda, esforzada y persistente a escala microeconómica en busca de la eficiencia. A tal fin, resulta prioritaria la inversión en el recurso clave para la Andalucía del siglo XXI: su capital humano. Porque solo será posible lograr una especialización más inteligente contando con la formación, la diligencia y la capacidad emprendedora de los andaluces.  

EL TAMAÑO EMPRESARIAL IMPORTA

El tamaño óptimo de una empresa es el resultado de un amplio conjunto de factores (economías de escala, costes de transacción, estructura del mercado, …). A su vez, la composición por tamaños del tejido empresarial en una economía -globalmente considerada- es asimismo consecuencia de múltiples factores (dotación de recursos, tecnología, grado de apertura, instituciones, tamaño del mercado interior, …). Ambos aspectos se ven afectados por los continuos cambios tecnológicos, económicos y socio-políticos. 

En cualquier caso, las empresas que funcionan bien y colocan productos atractivos en el mercado captan, por lo general, mayor demanda y obtienen mejores resultados, lo que impulsa su crecimiento. Por el contrario, las empresas menos competitivas ven coartadas sus posibilidades de crecimiento -e incluso ponen en peligro su supervivencia-, crean menos empleo, tienen menor productividad y pagan salarios más bajos. Desde esta óptica, la mayor prueba del éxito de una pyme consiste en dejar de serlo, convirtiéndose en una gran empresa. El papel dinámico de la pyme, retando a empresas consolidadas y modificando las pautas de competencia, es fundamental en una economía de mercado. 

Así pues, el tamaño empresarial y su crecimiento representan en general un signo de salud de la empresa. No obstante, no todo crecimiento empresarial es necesariamente saludable: las nuevas inversiones pueden no resultar rentables o venir asociadas a un excesivo endeudamiento (los problemas actuales de Abengoa ilustran el segundo caso). Asimismo, cuando las empresas crecen de modo extraordinario pueden llegar a alcanzar una posición de cierto control o auténtico dominio del mercado, lo que favorece el desarrollo de prácticas que limitan o cercenan la competencia efectiva en perjuicio de los consumidores. Los poderes públicos deben diseñar regulaciones que eviten esos efectos perniciosos, como muestra el Prof. Jean Tirole, Premio Nobel de Economía en 2015. 

En el caso concreto de España y Andalucía, se aprecia un tamaño empresarial medio por debajo de las economías más prósperas de la UE. Según datos de Eurostat, el número medio de trabajadores por empresa en España era de 4,7 en 2014, número inferior al de Francia (5,7 empleados) y muy lejos de las cifras del Reino Unido (11 trabajadores) y Alemania (11,7 asalariados). Esta atomización empresarial se manifiesta como una restricción al desarrollo tecnológico, la innovación y al crecimiento de la productividad de nuestras empresas, limitando su capacidad de competir en el mercado mundial (véase esto o esto). Las grandes empresas españolas muestran unos niveles de productividad semejantes (o incluso superiores) a los de sus homólogas en las grandes economías de la UE (véase aquí). Por tanto, el desfase en los niveles de productividad de la economía nacional con las economías europeas más prósperas se explica por el diferencial de productividad en nuestras pymes y su mayor presencia relativa en nuestra economía (efecto composición).

A este respecto, cabe señalar que en el marco regulador español, como en el de otros países, existen requerimientos legales en la normativa mercantil, laboral o fiscal asociados al tamaño que tienen un efecto desincentivador del crecimiento empresarial. Así pues, nuestras empresas optan en ocasiones por no crecer para eludir determinadas normas que les acarrean costes adicionales. Se da lugar así a lo que algún analista ha dado en denominar “la maldición del empleado 50”. 

Estos problemas derivados de la regulación coexisten en nuestro país con los asociados a una acción pública insuficiente en defensa de la competencia en algunos sectores oligopolizados o con restricciones a la competencia, principalmente en el campo de los servicios. Se requiere a tal efecto una regulación más inteligente que estimule la competencia efectiva a la vez que evite la generación de distorsiones, como el mencionado freno al crecimiento empresarial. 

Asimismo, la creciente apuesta pública por los emprendedores queda excesivamente enfocada al estímulo del autoempleo -como respuesta de política social ante situaciones de desempleo- sin que ello suponga con frecuencia un impulso a proyectos empresariales con auténtica proyección económica. A este respecto, cabe apoyar en mayor medida el crecimiento de la pyme para consolidar un sector de mediana empresa capaz de competir globalmente. Esta transformación es parte del cambio en el modelo productivo que las economías española y andaluza necesitan.

LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

El estallido de la burbuja de la construcción y la crisis posterior han evidenciado la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo productivo que permita consolidar la recuperación económica y afrontar algunas de las debilidades estructurales de la economía española. En este sentido, podemos preguntarnos por el papel que la política económica puede jugar a fin de favorecer tal cambio de modelo productivo. Y existen dos estrategias alternativas. 

Una primera opción, de corte más intervencionista, partiría de la identificación desde el estado de los sectores económicos llamados a constituirse en motores del crecimiento y en yacimientos de empleo. Al objeto de impulsar el cambio de modelo, los poderes públicos orientarían selectivamente la inversión y los incentivos públicos hacia estos sectores. Los candidatos previsibles serían algunas actividades de alto nivel tecnológico o buenas perspectivas de futuro. En el escenario actual, esta estrategia, con un alto protagonismo estatal, queda substancialmente constreñida por las exigencias de contención presupuestaria. Más allá de esta limitación, argumentos de peso desaconsejan esta vía. 

En una economía de mercado la detección de las oportunidades de negocio con mayor potencial no es una función propia de la iniciativa pública, sino de los emprendedores y de las empresas privadas. Es a estos a los que corresponde leer las señales del mercado y valorar las capacidades competitivas de sus empresas para tomar en consecuencia sus decisiones de inversión. Difícilmente podrá el Estado en una economía de mercado madura reemplazar con éxito a la iniciativa privada en este cometido, que constituye el núcleo central de la planificación estratégica en la empresa y la esencia de la perspicacia emprendedora.

Por otra parte, las oportunidades de negocio atractivas pueden encontrarse también en sectores maduros que difícilmente serían catalogados como “estratégicos” en ningún análisis de prospectiva. Así, por ejemplo, incuestionables referentes de éxito empresarial en los últimos tiempos en España o Suecia como, respectivamente, Inditex e Ikea se encuadran en sectores, como el textil/confección o la industria del mueble, que a priori habrían sido calificados como industrias tradicionales sin especial relevancia estratégica, ni proyección de futuro. La clave de estas historias de éxito empresarial se encuentra en aspectos intangibles como el diseño, la organización, el marketing o la innovación y estos factores son aplicables potencialmente a cualquier actividad, no sólo a las de un nivel tecnológico más alto.

Frente a esta estrategia de política industrial beligerante, cabe un planteamiento alternativo que confíe el liderazgo productivo a la iniciativa empresarial privada, limitándose a un papel de acompañamiento activo. Bajo este enfoque, la acción pública debería preocuparse fundamentalmente por crear un marco general favorable a la actividad empresarial, que estimule el surgimiento y el desarrollo fluido de las iniciativas emprendedoras. El mantenimiento de un marco regulatorio, administrativo, fiscal, financiero y cultural favorable a la empresa puede así coadyuvar a la generación y regeneración de un tejido productivo sólido y competitivo. 

Un entorno empresarial favorable propicia la aparición de nuevas empresas y la adopción por las ya establecidas de comportamientos dinamizadores (crecimiento, innovación, internacionalización, ...); pero al mismo tiempo eleva el atractivo del territorio como destino de inversiones de grandes empresas externas y contribuye a la retención de las previamente instaladas en él.

A este respecto, cabe señalar que España ocupa el puesto el lugar 33 (entre 189 países) en el mundo en función de las condiciones de su entorno empresarial según el informe Doing Business. En el último año nuestro país ha empeorado su posición en un puesto. España se sitúa en esta clasificación, elaborada por el Banco Mundial, justo por delante de Colombia, Perú o Montenegro.

La estrategia de mejora del entorno empresarial requiere de la actuación pública sobre los fallos del mercado y los fallos institucionales que constituyen obstáculos para las empresas. La regulación inadecuada, el mal funcionamiento administrativo, un sistema fiscal mal diseñado o la falta de una cultura emprendedora constituyen barreras para las empresas que la acción pública debe considerar y reparar. 

Especialmente destacables son los fallos en el funcionamiento del sistema financiero -derivados de situaciones de información imperfecta y asimétrica-, que dificultan el acceso al crédito a las pyme en comparación con las grandes empresas. Este sesgo en el racionamiento del crédito en perjuicio de las pyme limita la canalización eficiente de recursos financieros hacia proyectos ambiciosos e innovadores, que implican riesgos diferenciales. A este respecto, se abre un campo de actuación de singular relevancia para medidas de política financiera que corrijan y completen el funcionamiento autónomo de los mercados financieros, potenciando mecanismos específicos de financiación para las pyme (capital semilla, capital riesgo, sociedades de garantía recíproca, avales públicos, etc.). 

En cualquier caso, resulta indudable que en el nuevo modelo productivo deberían ganar peso las actividades de alto valor añadido asociadas al conocimiento, la creatividad y la innovación. Es por ello que la política económica para un nuevo modelo productivo debería fomentar la innovación empresarial y sentar las bases para que el conocimiento y la creatividad se incorporen con éxito a los procesos productivos. Con este fin, se justifican los esfuerzos dirigidos a mejorar el capital humano y tecnológico -activos productivos fundamentales en las economías basadas en el conocimiento-, así como a fortalecer los cauces institucionales que permitan la incorporación del conocimiento y la creatividad al sistema productivo. 

A este respecto, resulta estratégica la contribución de la Universidad. La vetusta institución universitaria está llamada a sumar en el siglo XXI una nueva función a sus clásicas responsabilidades en el plano docente e investigador: debe convertirse en una “Universidad emprendedora”. No sólo debe preocuparse de la generación y transmisión de conocimiento, sino que debe implicarse más directamente en su comercialización y en su aplicación al sistema productivo, bien a través de vínculos con las empresas existentes, bien a través de nuevos proyectos empresariales surgidos de ella (“spin-off”).