LA UE ANTE SU ALPE D'HUEZ

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha cuestionado recientemente uno de los logros más simbólicos del proceso de integración europea. En su último libro, “El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa”, señala los defectos de la unión monetaria europea y defiende que, de no abordar las reformas necesarias para completar su diseño institucional, más nos valdría renunciar al euro. A este respecto, se requiere culminar la unión bancaria y avanzar hacia la unión fiscal, a fin de incrementar la capacidad de respuesta de la zona euro ante shocks asimétricos.

Stiglitz plantea así el dilema al que se enfrenta la UE: se trata de elegir entre más Europa frente a menos Europa, en un escenario en el que el mantenimiento del statu quo no es una opción factible. Se manifiesta aquí una de las características intrínsecas del proceso de integración económica comúnmente ilustrada con el símil de la bicicleta: en la integración, al igual que al montar en bicicleta, si dejas de dar pedales, caes. 

Desde la firma del Tratado de Roma en 1957 los europeos hemos apostado por más integración. Lo endiablado de la encrucijada actual estriba en las crecientes dificultades que existen para avanzar en el proceso de construcción europea. La UE tiene que dar pedales cuando la carretera se inclina hacia arriba de modo implacable, como en las grandes citas alpinas del Tour de Francia. Europa se enfrenta al ascenso de su particular Alpe d'Huez. 

La “pendiente” de la integración se eleva a resultas del proceso de fragmentación que, desde una doble perspectiva, está viviendo Europa. Por un lado, la fragmentación deriva de un renacer del nacionalismo. La manifestación más significativa de esta tendencia es indudablemente el voto favorable a la salida del Reino Unido de la UE, pero el euroescepticismo crece también en otros países como Hungría o Polonia o, lo que es más preocupante aun, en Francia y Alemania. El independentismo de territorios de la UE que anhelan un estado nacional propio, como Escocia o Cataluña, no hace sino complicar aún más un escenario ya de por sí complejo. 

Por otro lado, el repliegue nacional viene a menudo acompañado del avance de populismos en ambos extremos del espectro ideológico, desde Podemos en la izquierda española hasta el Frente Nacional en la derecha francesa. Estos movimientos se nutren del descontento creciente de las clases medias y bajas europeas ante el reparto desigual de los beneficios de la globalización. En algunos casos la fractura social tiene también un componente xenófobo y se alimenta del miedo a la pérdida de identidad en sociedades que reciben importantes flujos de inmigración.

Estos procesos de fragmentación política y social amenazan con paralizar el pulso integrador de la Unión. El reciente veto de la región belga de Valonia al acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA), aunque salvado por el momento, parece ser una llamada de atención y un preámbulo a lo que estaría por venir. Así pues, las expectativas respecto a una eventual aprobación del Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversión entre EE.UU. y la UE (TTIP) se han oscurecido notablemente. En ambos casos los veintiocho parlamentos nacionales, más los de algunas regiones europeas, deberán ratificar los textos firmados. Más allá de la aprobación de estos acuerdos comerciales de nueva generación, cuyo impacto real sobre el crecimiento económico podría ser limitado, todo hace indicar que en los próximos años cualquier proyecto europeo de cierta envergadura se encontrará, en el mejor de los casos, con un tortuoso camino para salir adelante.

Si la UE entra en una etapa de parálisis, se caerá de la bicicleta de la integración. Si, ante la presión del nacionalismo populista, decide bajarse de la bicicleta dando marcha atrás al proceso de integración, lanzará un mensaje poco esperanzador para quienes aspiran a una globalización sostenible socialmente. Europa y el mundo necesitan una UE que supere su actual crisis económica e institucional, avanzando en su integración para actuar sobre los problemas particulares asociados a la construcción europea y los generales derivados de la gobernanza democrática de la globalización. 

A tal fin, la UE debería fortalecer la dimensión más social de la integración, proponiendo un proyecto político que seduzca al ciudadano medio europeo y no sólo a la élite europeísta y globalista conformada por burócratas, tecnócratas, directivos y accionistas de las grandes corporaciones, entre otros grupos. Bruselas debe evitar que se la identifique como la responsable de los recortes sociales que amenazan a las clases medias y alzarse como la garante de los derechos y la seguridad de los ciudadanos europeos. Solo así será factible abordar las reformas imprescindibles para “reparar” el euro y afrontar los grandes retos colectivos de la UE, como la presión inmigratoria sobre sus fronteras. 

Asimismo, para que la agenda de la construcción europea triunfe harán falta líderes con carisma y altura de miras que sepan comunicar la naturaleza compleja de los problemas a los que nos enfrentamos, desenmascarando los argumentos demagógicos del populismo más oportunista. Deberán ejercer un liderazgo pragmático y a la vez vehemente en la defensa de los valores que han inspirado y deben seguir modelando el proyecto de integración europeo: la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías. 

Sin embargo, la UE se enfrenta a la ascensión de su particular Alpe d'Huez sin que se perfile un proyecto político y un liderazgo a la altura de las circunstancias. La subida a la mítica cima alpina está jalonada por veintiuna curvas en herradura que han sido bautizadas con los nombres de los ganadores del clásico hito de la ronda gala. Confiemos en que el necesario liderazgo europeo encuentre nuevos nombres propios que se sumen a los de los grandes europeístas del s. XX, como Robert Schuman, Jean Monnet o Jacques Delors entre otros, para construir con acierto la Europa del s. XXI.

HOUELLEBECQ, EUROPA Y LA ECONOMÍA

“Nunca he comprendido la economía.”

Michel Houllebecq, Plataforma.

Houllebecq es el más controvertido de los escritores franceses del panorama actual, tanto por lo provocador y políticamente incorrecto de su obra, como por sus excentricidades. Acusado de islamófobo, misógino y pornógrafo, Houllebecq se incluyó como personaje en una de sus novelas, protagonizó una película, a modo de falso documental, relatando su secuestro ficticio, y ha expuesto el resultado de sus análisis de sangre, radiografías y resonancias magnéticas, entre otras pruebas médicas.

En la obra de Houllebecq pueden encontrarse frecuentes referencias a la Economía. Quien quiera profundizar en el pensamiento del autor a este respecto puede hacerlo de la mano de Bernard Maris, Catedrático de Economía y presidente del Senado francés, con el interesante ensayo bajo el título de “Houellebecq economista”. Fundador y colaborador de Charlie Hebdo, Maris falleció como consecuencia del sobrecogedor atentado terrorista perpetrado en redacción de la publicación satírica francesa en 2015.

En lo económico, la obra de Houllebecq plantea una crítica radical al capitalismo, al liberalismo económico y a la sociedad de consumo. Del primero opina que: “De todos los sistemas económicos y sociales, el capitalismo es sin duda el más natural. Eso ya basta para indicar que es el peor.” (Ampliación del campo de batalla).

El liberalismo económico es para Houllebecq “la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad”. Este imperialismo del mercado alcanza a todas las facetas de la vida, incluida la sexual y sentimental, asunto este tratado especialmente en su novela Plataforma. El liberalismo económico conduce a la descomposición del ser humano en una frustrante búsqueda de la felicidad y una huida del aburrimiento y de la angustia existencial a través del consumo (“Comen y comen (…) ¿Qué otra cosa van a hacer?”, Plataforma). Se trata en cualquier caso de un camino sin salida que condena a la insatisfacción:

“Y si necesitamos tanto amor, ¿de quién es la culpa?

¿Si no podemos por principio adaptarnos

A un universo de transacciones generalizadas

Que tanto les gustaría vernos adoptar

A los psicólogos y demás?”

(“Confrontación” . La búsqueda de la felicidad)

Los personajes de Houllebecq habitan “un mundo terrible, un mundo de competición y de lucha, de vanidad y de violencia (…)”, el trágico escenario de un “suicidio occidental” en medio del cual no hay ninguna oportunidad de ser feliz.

Del mismo modo, la opinión de Houllebecq sobre el proyecto europeo es beligerantemente crítica. El novelista y poeta francés felicitó a los británicos por el sí en el referéndum sobre el Brexit y se ha manifestado a favor del desmantelamiento de la UE. La idea de Europa “no es democrática, no es buena”, ha llegado a manifestar.

En su última novela, Sumisión, Houllebecq fantasea con el futuro político de una Francia islamizada y al borde de una guerra civil. El imaginario partido islamista “Fraternidad Musulmana” alcanza el gobierno gracias al apoyo del partido socialista, que pretende evitar con ello la llegada al poder de la extrema derecha de Marine Le Pen.  El líder islamista Mohammed Ben Abbes anhela convertir la Unión Europea en una Unión Mediterránea, una nueva Roma extendida a ambas orillas –africana y europea- de un renovado Mare Nostrum. Houllebecq enlaza así de manera artificiosa su visión del islamismo y de la UE como dos amenazas para la democracia.

El valor de Houllebecq como economista y politólogo es muy discutible. El radicalismo y la estridencia de su pensamiento en este campo derivan en una crítica desproporcionada y excesivamente simplificadora.  Houllebecq apunta con acierto a los fallos del sistema, pero no propone alternativa alguna, e ignora o desprecia las ventajas del mercado como mecanismo de asignación de los recursos económicos. Asimismo, su apuesta por el nacionalismo frente a la construcción europea es retrógrada e ingrata con una institución que ha salvaguardado la paz europea durante más de medio siglo y constituye un instrumento necesario para perseguir un gobierno más democrático de la globalización (de lo que hablé aquí). 

El Houllebecq psicólogo social indaga, sin embargo, con lucidez en las llagas de la sociedad occidental contemporánea. Leer a Houllebecq es un ejercicio lacerante, pero a la vez una inquietante forma de disfrute literario que nos enfrenta con clarividencia a los fantasmas y patologías de las sociedades occidentales en el s. XXI.

LA CRISIS DE LA CLASE MEDIA

Publicado en ABC de Andalucía del día 19 de Febrero de 2016

La clase media en las sociedades occidentales se enfrenta a retos de gran calado. En el plano económico, se ha visto particularmente herida por el impacto de la crisis. Ésta ha venido acompañada de un agravamiento de las desigualdades económicas que ha sido especialmente intenso en el caso de España, en buena medida como resultado de la espectacular destrucción de empleo que padecimos. 

No obstante, la crisis de la clase media obedece fundamentalmente a factores de carácter estructural. La globalización ha acentuado la competencia internacional, en tanto las barreras comerciales entre países tienden a disminuir y la movilidad internacional de empresas y capitales a aumentar. Ello ha espoleado a su vez el fenómeno de la deslocalización industrial hacia economías en desarrollo con menores costes de producción –principalmente derivados de sus bajos costes laborales-. Estos procesos presionan a la baja los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores en sectores industriales de los países desarrollados. 

Asimismo, la clase media se ve golpeada por el debilitamiento de los fundamentos financieros del sistema de protección social que conocemos como “Estado del bienestar”. Las empresas y las grandes fortunas pueden explotar las ventajas de la globalización localizándose en paraísos fiscales o territorios de baja fiscalidad. La consecuente erosión de las bases imponibles merma los ingresos públicos, tanto directa como indirectamente, propiciando en ocasiones una “competencia fiscal” entre países para atraer o retener empresas, rentas y patrimonios. La presión fiscal tiende a concentrarse así en las rentas del trabajo de la clase media, por ser más controlables y menos móviles.

Sin embargo, la globalización está contribuyendo también a la gestación de una nueva clase media global al favorecer el desarrollo de economías emergentes, en especial las de los dos gigantes demográficos: China e India. A resultas de ello, el mundo está cosechando logros extraordinarios en la lucha contra la pobreza extrema. Asimismo, el ciudadano medio chino e indio, entre otras economías en desarrollo, ve aumentar su renta y disminuir la distancia relativa entre ésta y la de un ciudadano norteamericano o europeo medio. La nueva clase media global se diferencia, no obstante, de la clase media de los países desarrollados por la substancial distancia que separa aún los niveles de ingreso de una y otra. 

La globalización ofrece nuevas oportunidades también a los ciudadanos de los países desarrollados, pero son los emprendedores, directivos y accionistas de las empresas con proyección global los que sacan particular ventaja de ellas. A este respecto, se llegan a observar casos sobresalientes de movilidad social ascendente en la clase media. La lista de las personas más ricas del mundo está conformada en la actualidad en buena medida por patrimonios que se han generado en una única generación, circunstancia probablemente excepcional en términos históricos. Pero el brillo de estas trayectorias personales de éxito no puede ocultar el tono más sombrío de un panorama general en el que parte de la clase media asiste con inquietud a una merma en su seguridad económica. La globalización pone al alcance de la clase media en el mundo desarrollado productos más baratos, empero puede llegar a amenazar algunos de sus empleos, sus condiciones laborales y la red de seguridad social tejida por el Estado. 

Se manifiesta así una doble paradoja: el proceso que está favoreciendo la disminución de las desigualdades económicas internacionales acentúa a su vez la desigualdad entre ricos y pobres dentro de cada economía nacional; el proceso que nutre a la “nueva” clase media global, rescatándola de la pobreza, propicia a su vez la crisis de la “vieja” clase media del mundo desarrollado. 

Estos cambios económicos están asimismo asociados a otras transformaciones de carácter tecnológico, social y político que emplazan también a la clase media en las sociedades occidentales. Así pues, el elevado ritmo de avance tecnológico característico del mundo actual supondrá que, según algunos analistas, la mayor parte de los niños de hoy desarrollarán cuando sean mayores profesiones que ahora ni siquiera existen. Las nuevas generaciones necesitarán asimismo de un bagaje de competencias muy diferentes a las que han garantizado el éxito profesional para las generaciones precedentes. Por otra parte, en el plano político, la crisis de los partidos socialdemócratas y la emergencia de partidos populistas en posiciones radicales de izquierda y derecha, que marca el actual escenario europeo, no son fenómenos ajenos a esta crisis de la clase media. 

En los próximos tiempos, el “rescate” de la clase media marcará el debate político en las sociedades desarrolladas. Pero con independencia de la acción política que pueda desarrollarse a este respecto, el futuro de las sociedades occidentales estará delimitado por la capacidad de adaptación de su clase media a las transformaciones en curso. Y el éxito de esta adaptación, tanto a nivel individual como colectivo, requiere de la comprensión y asimilación de los profundos cambios que se están produciendo en la economía global y de los muchos que se avecinan.

2016

No será el año en que renunciemos a los nacionalismos y provincianismos para centrarnos en resolver los problemas reales que afectan a los ciudadanos. No será el año en que los patriotas enarbolen sus declaraciones de impuestos en lugar de sus banderas.

No será el año en que todos asumamos que no seremos plenamente libres y soberanos mientras no estemos menos endeudados. 

No será por fin el año del gran pacto educativo que la sociedad española necesita para afrontar con éxito los retos económicos y sociales del siglo XXI. No será el año en que la educación ocupe el lugar prioritario en la agenda política y social, el año en que, por primera vez, se hable más de educación que de fútbol.

No será un año en que la estabilidad política contribuya al crecimiento económico. No, sin duda, no lo será.

No será el año en que completemos las reformas necesarias para disponer de un mercado de trabajo funcional que ofrezca oportunidades a todos los españoles, especialmente a los más jóvenes. No será el año en que España deje de ser una anomalía en las estadísticas de empleo en el mundo desarrollado. 

No será el año en que el crecimiento económico alcance al bolsillo de todos los ciudadanos y erradiquemos las situaciones de lacerante necesidad. No será el año en que la crisis acabe para todos.

Sin embargo, 2016 sí será un año de continuidad en un crecimiento económico saludable, un año en que aumentará el bienestar general de los españoles; un año en que muchos verán las mejoras macroeconómicas materializarse en su día a día y muchos acabarán escapando de la mayor crisis económica vivida en España desde la Guerra Civil. 

Será un año en que seguirá disminuyendo el paro, un año en que muchos españoles volverán a tener un empleo y otros muchos encontrarán uno por primera vez; un año en que más jóvenes españoles podrán quedarse en nuestro país porque les ofreceremos la oportunidad real de hacerlo.

Será un año marcado en lo político por un parlamento multicolor engendrado por la insatisfacción de los españoles con un bipartidismo decadente; y un año en el que nuestros políticos tomarán conciencia de que deben dialogar y pactar; el año en que elegiremos si parecernos políticamente a Dinamarca o a Italia, a Alemania o a Grecia.

Será el año en que unos Presupuestos Generales del Estado aprobados por un gobierno saliente, bajo fuertes críticas de toda la oposición, servirán para dar estabilidad a la economía española en circunstancias de gran incertidumbre política.

Será un año con una sociedad española más beligerante contra la corrupción, más intolerante y menos cínica frente a todas sus manifestaciones. 

Será un año más, que nos emplaza a construir un país aun mejor, una sociedad más próspera, más justa y más civilizada. Y si nos acompaña el esfuerzo, el acierto y la altura de miras, conseguiremos avanzar en lugar de retroceder.

ABENGOA: EXCEPCIÓN Y SÍNTOMA

Abengoa representaba la gran historia de éxito empresarial andaluz en el último siglo. Compañía familiar creada por Javier Benjumea Puigcerver en 1941 –en enero cumplirá 75 años-, la continuidad de la empresa vino de la mano de sus hijos, Felipe y Javier Benjumea Llorente, quienes convirtieron a Abengoa en una multinacional con cerca de 25.000 empleados en todo el mundo, facturando más de 7.000 millones de euros, un 88% fuera de España. Hoy este buque insignia de la economía andaluza se encuentra al borde del naufragio. Prepara el que podría ser el mayor concurso de acreedores de la historia de España y su supervivencia pasará necesariamente por una reestructuración dramática.

Resulta interesante contemplar el auge y caída de Abengoa a la luz de la tesis que el politólogo norteamericano Francis Fukuyama propusiera en su libro “Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity”. Fukuyama defiende en esta obra la hipótesis de que la cultura afecta a la economía, siguiendo la estela abierta por Max Weber con su clásico “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Las decisiones empresariales están condicionadas, según Fukuyama, por valores culturales impregnados en cada sociedad. Entre estos valores se encuentran la confianza mutua y el sentido de la reciprocidad que, junto a la capacidad de cooperación que se deriva de ellas, conforman el concepto de “capital social”. Estos valores y normas sociales son interiorizados por los individuos a través del proceso de socialización, lo que determina que no todas las sociedades disfruten de los mismos niveles de este recurso. 

Las sociedades con una mejor dotación de capital social actúan de modo más eficiente, como resultado de la cooperación y la eliminación de importantes costes de transacción –internos a la empresa y derivados del uso del mercado- que se manifestarían en un contexto de desconfianza, incumplimiento de las obligaciones sociales y falta de colaboración. Asimismo, en las sociedades con más confianza interpersonal existe una mayor sociabilidad espontánea, favoreciendo la aparición de asociaciones e instituciones que ocupan un ámbito intermedio entre la familia y el Estado. Se conforma, de este modo, una sociedad civil más vigorosa que impulsa y canaliza la interacción social orientada al logro de objetivos colectivos. Sin embargo, en aquellas sociedades con un pobre capital social, la confianza interpersonal se limita al ámbito de la familia y los amigos más cercanos, más allá de los cuales, la única institución con capacidad para articular acciones de carácter colectivo –aún con limitada eficacia- es el Estado. 

Según Fukuyama, la influencia del capital social es fundamental para la empresa, como unidad económica y social. Prácticamente todas las compañías tienen un origen familiar, pero en sociedades con escaso capital social la empresa solo prospera y crece en el marco de la familia, como grupo social primario. En este ambiente cultural se limita la gestión profesionalizada, la innovación organizativa y el crecimiento empresarial, debido a la desconfianza frente a los individuos ajenos a la familia. Como consecuencia de ello, en territorios con poco capital social escasean las grandes empresas, predominando absolutamente las microempresas y las pequeñas empresas familiares. Fukuyama señala a Italia como ejemplo de sociedades con escasa confianza interpersonal, en comparación con otras con alto nivel de confianza como EE.UU, Japón o Alemania. Su argumentación podría aplicarse a tejidos empresariales como el español y, muy particularmente, el andaluz, que destaca por una atomización asociada a la apabullante presencia de microempresas (96% del total de empresas) y la práctica ausencia de grandes empresas autóctonas. 

Abengoa representaba la gran excepción a este patrón. Los Benjumea supieron abrir esta empresa familiar al talento, la innovación y el capital externo. Abengoa, la única empresa andaluza que cotizaba en el IBEX, ha sido todo un símbolo de innovación en Andalucía y el mundo. La compañía parecía haber escapado a los límites asociados a la empresa familiar en el contexto de territorios con escaso capital social, pero no lo hizo definitivamente… 

La compañía sevillana ha sido también una empresa excepcional en el entorno andaluz por un segundo motivo: su ambición. Así pues, apostó por convertirse en un líder mundial del negocio de las energías renovables, lo que implicaba una necesidad de financiación extraordinaria. Y la ambición colisionó aquí con las limitaciones de la empresa familiar. La búsqueda de nuevos accionistas para ampliar los fondos propios de Abengoa hubiera conllevado para la familia Benjumea la pérdida del control de la empresa. El crecimiento acelerado de Abengoa se sustentó así en el endeudamiento en un contexto económico que resultaba propicio para ello. El endurecimiento de las condiciones financieras a partir de la crisis llevó a Abengoa a liquidar activos (venta de sus filiales Telvent y Befesa o salida a bolsa de Abengoa Yield) como forma de financiar el crecimiento de su negocio en energía solar. Solo cuando todos los canales de financiación quedaron cerrados y el nivel de endeudamiento se tornó insostenible, la familia Benjumea aceptó las condiciones de los bancos acreedores e impulsó una (por el momento frustrada) ampliación de capital, que los dejaría sin el control de Abengoa. Era demasiado tarde. 

La atomización empresarial que caracteriza a la estructura productiva andaluza y la crisis de Abengoa serían consistentes con la tesis de Fukuyama. La fragilidad de nuestra estructura empresarial podría encontrar bajo esta hipótesis una de sus causas en la insuficiencia de capital social. Esta deficiencia podría ser también responsable de la ausencia de instituciones que vertebren eficazmente la sociedad civil andaluza, impulsando el desarrollo regional, más allá de la alargada presencia de los poderes públicos.

EL TRILEMA DE LA GLOBALIZACIÓN Y CATALUÑA

Dani Rodrik, Catedrático de Economía de la Universidad de Harvard, ha señalado algunos desafíos y contradicciones asociados a la globalización, presentándolos bajo la forma de un trilema. Según Rodrik, las sociedades actuales se ven forzadas a elegir entre tres objetivos simultáneamente incompatibles; solo dos de ellos pueden alcanzarse al máximo nivel, a costa de renuncias respecto al tercero. Estos tres objetivos son la globalización económica, el estado nación y la democracia. En función de qué dos aspectos se prioricen, quedan definidos tres modelos institucionales distintos: uno está asociado al mundo de ayer, otro al mundo de hoy y el tercero -probablemente- al mundo del mañana.

Una primera opción consiste en apostar por un funcionamiento basado en estados nación totalmente independientes y  soberanos en los que los gobiernos, a través de procesos democráticos, ejecutan políticas conforme a las preferencias de la población. Según Rodrik, para que este modelo pueda desarrollarse en plenitud  hay que renunciar a elementos de la globalización y con ello a ciertas ventajas en términos de eficiencia económica. Este fue el modelo prevaleciente en el mundo occidental durante la posguerra (1945-1975), en el conocido como orden de Bretton Woods. En este período, a pesar de los importantes avances en la liberalización económica, seguían existiendo barreras relevantes al comercio de bienes y servicios y se consideraba peligrosa la libertad para los movimientos internacionales de capital, manteniéndose fuertes obstáculos a los mismos.

Una segunda opción implica decantarse decididamente a favor de la globalización económica en el marco de un modelo político sustentado sobre estados nación. Este vendría a ser el escenario actual, tras varias décadas de políticas liberalizadoras a escala mundial, e implica renuncias en el plano del funcionamiento democrático. En un contexto con libre comercio y mayor movilidad internacional de empresas y capitales, los gobiernos nacionales se ven impotentes para implementar con eficacia cierto tipo de medidas, con independencia de que cuenten con respaldo suficiente de la población. Por ejemplo, si los ciudadanos optan por políticas fiscales más redistributivas y los gobiernos las instrumentan con mayores impuestos a las empresas y a las grandes fortunas, unas y otras pueden escapar hacia territorios con una fiscalidad menos gravosa. La misma reacción se puede plantear ante reformas que establezcan restricciones o costes a las empresas en el plano laboral o ambiental. Los gobiernos y los ciudadanos se ven así sujetos a lo que Rodrik ha denominado una “camisa de fuerza dorada” que limita su capacidad de actuación política, lo que implica en última instancia una pérdida de control democrático.

El extinto modelo de la posguerra en las sociedades occidentales se basaba en un cierto equilibrio entre el ámbito político y el ámbito económico. En lo político, el estado nación democrático funcionaba bajo la premisa “un hombre, un voto”. En lo económico, el funcionamiento se basaba en las reglas del mercado, conforme a las cuales cada ciudadano “vota” según su riqueza, que determina su capacidad de adquirir bienes, servicios y activos. El equilibrio entre estos dos planos se habría roto debido al avance de la globalización. De una situación con mercados fundamentalmente nacionales regulados y corregidos por gobiernos nacionales, se ha pasado a una situación con mercados globales que los gobiernos nacionales son incapaces de regular y corregir. Las leyes del mercado se imponen  así a las de la política.

La tercera opción frente al trilema de la globalización consistiría en priorizar la globalización económica y la democracia. Hacer efectiva esta elección implicaría renuncias en el plano del estado nación, en tanto requeriría de una gobernanza global de los mercados desarrollada por instancias supranacionales. En otros términos, esta alternativa reclama la construcción de un gobierno mundial o un federalismo global -unos “Estados Unidos del mundo”- desplazando hacia estas nuevas instituciones parcelas de soberanía ahora ejercitadas a escala nacional. Este modelo, así definido, no es alcanzable ni a corto, ni a medio plazo. No obstante, existen vías más modestas para avanzar hacia la gobernanza de la globalización a través de la cooperación internacional o incluso mediante la participación de la sociedad civil. Por otra parte, existe ya una experiencia política en marcha que apunta en esta misma dirección, aunque opere en un ámbito regional: se trata de la Unión Europea.

La Unión Europea representa un proceso de construcción de una entidad supranacional que ha adquirido competencias y parcelas de soberanía antes reservadas al ámbito nacional. La crisis económica internacional y su impacto sobre la UE, en especial sobre las economías periféricas del euro, han puesto de manifiesto con suma claridad los límites que impone la “camisa de fuerza dorada” de los mercados a la acción de los gobiernos (los acontecimientos políticos en Grecia, Italia o España ilustran a la perfección este fenómeno). Ante ello, la UE parece apostar, aunque algo timoratamente, por el federalismo europeo materializado en el plan de unión bancaria o los esbozos de una posible unión fiscal. Se trata, en definitiva, de consolidar instituciones europeas con capacidad efectiva para gobernar adecuadamente el mercado único europeo (más de 1/5 del PIB mundial). 

¿Y qué tiene que ver todo esto con el actual debate político en Cataluña? Mucho. Parte de la sociedad catalana apuesta por un proyecto soberanista que reclama un estado nación catalán independiente del estado español constituido. Esta propuesta tiene un cierto cariz anacrónico. En lugar de contribuir a la construcción de estructuras de gobierno que permitan una mejor regulación de los mercados globalizados, apunta a una fragmentación de los estados nación, ya de por sí ineficaces en su formato actual como instrumento regulador. El proyecto soberanista se presenta, en este sentido, contracorriente de la estrategia adoptada en la UE, que implica desplazar competencias nacionales a las instituciones comunitarias.

El planteamiento de buena parte del bloque soberanista peca además de inconsistencia teórica a la luz del trilema de la globalización. Sí es coherente la posición de la CUP, un partido que se define claramente como anticapitalista. La apuesta por un estado-nación (catalán) y la democracia es en este caso consistente con su disposición a renunciar a la globalización y la lógica de mercado. Cosa bien distinta es que esta opción sea deseable para los catalanes. Daría lugar a una Cataluña independiente, potencialmente democrática (si no derivara hacia un modelo caudillista tipo venezolano o a un modelo totalitario tipo Corea del Norte), pero a buen seguro más pobre. Sin embargo, el planteamiento de un partido liberal conservador como Convergència resulta inconsistente en el marco del trilema de la globalización, al apostar a la vez por más estado nación -un estado catalán dentro de la UE-, democracia y globalización. La política es "el arte de lo posible". Consiste en elegir entre diversas posibilidades y "elegir" supone siempre renunciar a algo. Bien harían los catalanes en enfrentarse al trilema de la globalización reflexionando sobre lo que quieren y lo que están dispuestos a sacrificar a cambio.

EL TAMAÑO EMPRESARIAL IMPORTA

El tamaño óptimo de una empresa es el resultado de un amplio conjunto de factores (economías de escala, costes de transacción, estructura del mercado, …). A su vez, la composición por tamaños del tejido empresarial en una economía -globalmente considerada- es asimismo consecuencia de múltiples factores (dotación de recursos, tecnología, grado de apertura, instituciones, tamaño del mercado interior, …). Ambos aspectos se ven afectados por los continuos cambios tecnológicos, económicos y socio-políticos. 

En cualquier caso, las empresas que funcionan bien y colocan productos atractivos en el mercado captan, por lo general, mayor demanda y obtienen mejores resultados, lo que impulsa su crecimiento. Por el contrario, las empresas menos competitivas ven coartadas sus posibilidades de crecimiento -e incluso ponen en peligro su supervivencia-, crean menos empleo, tienen menor productividad y pagan salarios más bajos. Desde esta óptica, la mayor prueba del éxito de una pyme consiste en dejar de serlo, convirtiéndose en una gran empresa. El papel dinámico de la pyme, retando a empresas consolidadas y modificando las pautas de competencia, es fundamental en una economía de mercado. 

Así pues, el tamaño empresarial y su crecimiento representan en general un signo de salud de la empresa. No obstante, no todo crecimiento empresarial es necesariamente saludable: las nuevas inversiones pueden no resultar rentables o venir asociadas a un excesivo endeudamiento (los problemas actuales de Abengoa ilustran el segundo caso). Asimismo, cuando las empresas crecen de modo extraordinario pueden llegar a alcanzar una posición de cierto control o auténtico dominio del mercado, lo que favorece el desarrollo de prácticas que limitan o cercenan la competencia efectiva en perjuicio de los consumidores. Los poderes públicos deben diseñar regulaciones que eviten esos efectos perniciosos, como muestra el Prof. Jean Tirole, Premio Nobel de Economía en 2015. 

En el caso concreto de España y Andalucía, se aprecia un tamaño empresarial medio por debajo de las economías más prósperas de la UE. Según datos de Eurostat, el número medio de trabajadores por empresa en España era de 4,7 en 2014, número inferior al de Francia (5,7 empleados) y muy lejos de las cifras del Reino Unido (11 trabajadores) y Alemania (11,7 asalariados). Esta atomización empresarial se manifiesta como una restricción al desarrollo tecnológico, la innovación y al crecimiento de la productividad de nuestras empresas, limitando su capacidad de competir en el mercado mundial (véase esto o esto). Las grandes empresas españolas muestran unos niveles de productividad semejantes (o incluso superiores) a los de sus homólogas en las grandes economías de la UE (véase aquí). Por tanto, el desfase en los niveles de productividad de la economía nacional con las economías europeas más prósperas se explica por el diferencial de productividad en nuestras pymes y su mayor presencia relativa en nuestra economía (efecto composición).

A este respecto, cabe señalar que en el marco regulador español, como en el de otros países, existen requerimientos legales en la normativa mercantil, laboral o fiscal asociados al tamaño que tienen un efecto desincentivador del crecimiento empresarial. Así pues, nuestras empresas optan en ocasiones por no crecer para eludir determinadas normas que les acarrean costes adicionales. Se da lugar así a lo que algún analista ha dado en denominar “la maldición del empleado 50”. 

Estos problemas derivados de la regulación coexisten en nuestro país con los asociados a una acción pública insuficiente en defensa de la competencia en algunos sectores oligopolizados o con restricciones a la competencia, principalmente en el campo de los servicios. Se requiere a tal efecto una regulación más inteligente que estimule la competencia efectiva a la vez que evite la generación de distorsiones, como el mencionado freno al crecimiento empresarial. 

Asimismo, la creciente apuesta pública por los emprendedores queda excesivamente enfocada al estímulo del autoempleo -como respuesta de política social ante situaciones de desempleo- sin que ello suponga con frecuencia un impulso a proyectos empresariales con auténtica proyección económica. A este respecto, cabe apoyar en mayor medida el crecimiento de la pyme para consolidar un sector de mediana empresa capaz de competir globalmente. Esta transformación es parte del cambio en el modelo productivo que las economías española y andaluza necesitan.

NASH, LA GALLINA Y EL LÁTIGO. A PROPÓSITO DEL GREXIT

El pasado 23 de Mayo falleció John F. Nash, matemático norteamericano que obtuvo el Premio Nobel de Economía (1994) por sus aportaciones a la teoría de juegos y los procesos de negociación. La figura de Nash se acercó al gran público a través de la película titulada “A beautiful mind” (2001) (“Una mente maravillosa”), en la que el papel de Nash lo interpretaba el actor Russell Crowe. La cinta, galardonada con cuatro premios Óscar, relata el tramo central de la vida de Nash.

Nash estaba dotado de unas capacidades extraordinarias, como avala la carta de recomendación que para él escribiera el Profesor Richard J. Duffin de la Carnegie Mellon University en Pittsburgh. La escueta pero inmejorable referencia dirigida al Director del Departamento de Matemáticas de Princeton University es una pequeña joya del género epistolar:

<<This is to recommend Mr. John F. Nash Jr. who has applied for entrance to graduate collegue at Princeton.

Mr. Nash is nineteen years old and is graduating for Carnegie Tech in June. He is a mathematical genious.

Your sincerely, >>

Paradójicamente la vida de Nash estuvo marcada por un grave desequilibrio mental: una esquizofrenia que le llevó a estar hospitalizado en varios centros psiquiátricos. Como escribiera Truman Capote: “Cuando Dios da un don también da un látigo para fustigarse”. Nash disponía de una mente prodigiosa y a la vez enferma. El resultado fueron algunas aportaciones substanciales a las Matemáticas y la Economía y una vida de película. 

Nash aportó un concepto de solución para juegos con dos o más participantes -el "equilibrio de Nash”- donde cada jugador adopta la estrategia que maximiza sus ganancias conocidas las estrategias de los otros. Un problema analizable aplicando esta noción es el conocido como “juego de la gallina” (“game of chicken”), que en una de sus versiones quedó inmortalizado en otra película, “Rebelde sin causa”, interpretada por James Dean. En ella dos jóvenes conducen sus automóviles hacia un precipicio; el primero en saltar del coche es el “gallina”. En la versión más habitual del juego, dos conductores dirigen sus vehículos frontalmente el uno hacia el otro. El primero que se desvía de la trayectoria de choque pierde, evitando, no obstante, el escenario catastrófico de colisión. Existen dos equilibrios de Nash para este juego y son cada una de las situaciones en las que un jugador gira y el otro no. 

Las negociaciones entre Grecia y la Unión Europea en el marco de la crisis del Euro se han interpretado hasta ahora como un juego de la gallina. La estrategia de cada una de las partes ha pasado por retrasar cualquier concesión significativa al otro jugador. La pérdida que supondría para ambas partes ceder en la negociación sería menor en comparación con la que se produciría si ninguno cediera. El escenario de colisión conllevaría la salida de Grecia del Euro -“Grexit”- y la inestabilización consiguiente de la Eurozona. La estrategia más razonable para cualquiera de las dos partes implicaría realizar concesiones evitando el escenario catastrófico. Sin embargo, el final de negociación parece haberse precipitado el pasado fin de semana haciendo el choque inminente. 

Los últimos acontecimientos ponen en duda que esta negociación responda ya a las condiciones de un juego de la gallina. Los términos del juego podrían haber cambiado y los jugadores estar valorando la colisión -“Grexit”- como un escenario asumible:

- El gobierno griego podría entender que la salida del euro y la re-introducción de un dracma hiper-devaluado, junto a una reestructuración unilateral de la deuda, serían una opción aceptable a pesar de los altísimos costes que implicaría a corto plazo (corralito, controles de capitales, pérdida de capacidad adquisitiva a resultas de la devaluación…).  El coste político que asumiría el gobierno, siempre que la población apoyara esta alternativa en referéndum, podría juzgarse como menor que el derivado de adoptar las medidas exigidas por Bruselas, entre ellas una impopular reforma de las pensiones. Ello dependería también del estímulo que un dracma devaluado pudiera dar a las exportaciones y el crecimiento económico griego en el medio plazo.

- La UE, por su parte, podría entender que el ajuste de la economía griega con un gobierno populista y el corsé del Euro es inviable. Asimismo, podría juzgar que la Eurozona está preparada hoy por hoy para soportar la salida de Grecia sin que ello induzca a cuestionar la irreversibilidad del Euro como proyecto europeo. Ello obligaría, en todo caso, a la UE a asegurar diques de contención que frenaran el contagio de la crisis a otras economías periféricas, así como a dar un impulso decidido y urgente a reformas ambiciosas que consolidaran la arquitectura del Euro (por ejemplo, un sistema de transferencias entre países a través de un auténtico presupuesto federal europeo), fortaleciendo la credibilidad de la moneda común. 

En cualquier caso, sea cual sea el tipo de juego que se desarrolla estos días en el tablero europeo, resultan trágicamente premonitorias las palabras sobre Europa pronunciadas en 1971 por otro ilustre economista del siglo XX, Nicholas Kaldor: 

<<But it is a dangerous error to believe that monetary and economic union can precede a political union or that it will act (in the words of the Werner report) “as a leaven for the evolvement of a political union which in the long run it will in any case be unable to do without”. For if the creation of a monetary union and Community control over national budgets generates pressures which lead to a breakdown of the whole system it will prevent the development of a political union, not promote it. >>

Parafraseando de nuevo a Capote, cuando la UE se dotó del don de una moneda única (sin una suficiente unión política previa) también se proveyó de un látigo con el que fustigarse. Y en ello andamos ahora los europeos. A latigazo limpio. Pésimas noticias para Europa. 

LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

El estallido de la burbuja de la construcción y la crisis posterior han evidenciado la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo productivo que permita consolidar la recuperación económica y afrontar algunas de las debilidades estructurales de la economía española. En este sentido, podemos preguntarnos por el papel que la política económica puede jugar a fin de favorecer tal cambio de modelo productivo. Y existen dos estrategias alternativas. 

Una primera opción, de corte más intervencionista, partiría de la identificación desde el estado de los sectores económicos llamados a constituirse en motores del crecimiento y en yacimientos de empleo. Al objeto de impulsar el cambio de modelo, los poderes públicos orientarían selectivamente la inversión y los incentivos públicos hacia estos sectores. Los candidatos previsibles serían algunas actividades de alto nivel tecnológico o buenas perspectivas de futuro. En el escenario actual, esta estrategia, con un alto protagonismo estatal, queda substancialmente constreñida por las exigencias de contención presupuestaria. Más allá de esta limitación, argumentos de peso desaconsejan esta vía. 

En una economía de mercado la detección de las oportunidades de negocio con mayor potencial no es una función propia de la iniciativa pública, sino de los emprendedores y de las empresas privadas. Es a estos a los que corresponde leer las señales del mercado y valorar las capacidades competitivas de sus empresas para tomar en consecuencia sus decisiones de inversión. Difícilmente podrá el Estado en una economía de mercado madura reemplazar con éxito a la iniciativa privada en este cometido, que constituye el núcleo central de la planificación estratégica en la empresa y la esencia de la perspicacia emprendedora.

Por otra parte, las oportunidades de negocio atractivas pueden encontrarse también en sectores maduros que difícilmente serían catalogados como “estratégicos” en ningún análisis de prospectiva. Así, por ejemplo, incuestionables referentes de éxito empresarial en los últimos tiempos en España o Suecia como, respectivamente, Inditex e Ikea se encuadran en sectores, como el textil/confección o la industria del mueble, que a priori habrían sido calificados como industrias tradicionales sin especial relevancia estratégica, ni proyección de futuro. La clave de estas historias de éxito empresarial se encuentra en aspectos intangibles como el diseño, la organización, el marketing o la innovación y estos factores son aplicables potencialmente a cualquier actividad, no sólo a las de un nivel tecnológico más alto.

Frente a esta estrategia de política industrial beligerante, cabe un planteamiento alternativo que confíe el liderazgo productivo a la iniciativa empresarial privada, limitándose a un papel de acompañamiento activo. Bajo este enfoque, la acción pública debería preocuparse fundamentalmente por crear un marco general favorable a la actividad empresarial, que estimule el surgimiento y el desarrollo fluido de las iniciativas emprendedoras. El mantenimiento de un marco regulatorio, administrativo, fiscal, financiero y cultural favorable a la empresa puede así coadyuvar a la generación y regeneración de un tejido productivo sólido y competitivo. 

Un entorno empresarial favorable propicia la aparición de nuevas empresas y la adopción por las ya establecidas de comportamientos dinamizadores (crecimiento, innovación, internacionalización, ...); pero al mismo tiempo eleva el atractivo del territorio como destino de inversiones de grandes empresas externas y contribuye a la retención de las previamente instaladas en él.

A este respecto, cabe señalar que España ocupa el puesto el lugar 33 (entre 189 países) en el mundo en función de las condiciones de su entorno empresarial según el informe Doing Business. En el último año nuestro país ha empeorado su posición en un puesto. España se sitúa en esta clasificación, elaborada por el Banco Mundial, justo por delante de Colombia, Perú o Montenegro.

La estrategia de mejora del entorno empresarial requiere de la actuación pública sobre los fallos del mercado y los fallos institucionales que constituyen obstáculos para las empresas. La regulación inadecuada, el mal funcionamiento administrativo, un sistema fiscal mal diseñado o la falta de una cultura emprendedora constituyen barreras para las empresas que la acción pública debe considerar y reparar. 

Especialmente destacables son los fallos en el funcionamiento del sistema financiero -derivados de situaciones de información imperfecta y asimétrica-, que dificultan el acceso al crédito a las pyme en comparación con las grandes empresas. Este sesgo en el racionamiento del crédito en perjuicio de las pyme limita la canalización eficiente de recursos financieros hacia proyectos ambiciosos e innovadores, que implican riesgos diferenciales. A este respecto, se abre un campo de actuación de singular relevancia para medidas de política financiera que corrijan y completen el funcionamiento autónomo de los mercados financieros, potenciando mecanismos específicos de financiación para las pyme (capital semilla, capital riesgo, sociedades de garantía recíproca, avales públicos, etc.). 

En cualquier caso, resulta indudable que en el nuevo modelo productivo deberían ganar peso las actividades de alto valor añadido asociadas al conocimiento, la creatividad y la innovación. Es por ello que la política económica para un nuevo modelo productivo debería fomentar la innovación empresarial y sentar las bases para que el conocimiento y la creatividad se incorporen con éxito a los procesos productivos. Con este fin, se justifican los esfuerzos dirigidos a mejorar el capital humano y tecnológico -activos productivos fundamentales en las economías basadas en el conocimiento-, así como a fortalecer los cauces institucionales que permitan la incorporación del conocimiento y la creatividad al sistema productivo. 

A este respecto, resulta estratégica la contribución de la Universidad. La vetusta institución universitaria está llamada a sumar en el siglo XXI una nueva función a sus clásicas responsabilidades en el plano docente e investigador: debe convertirse en una “Universidad emprendedora”. No sólo debe preocuparse de la generación y transmisión de conocimiento, sino que debe implicarse más directamente en su comercialización y en su aplicación al sistema productivo, bien a través de vínculos con las empresas existentes, bien a través de nuevos proyectos empresariales surgidos de ella (“spin-off”).

EMPRENDIMIENTO E IGUALITARISMO. TAN LEJOS, TAN CERCA

A primera vista, "emprendimiento" e "igualitarismo" parecen términos encuadrados en campos semánticos opuestos. Los emprendedores que tienen éxito obtienen una recompensa en el mercado, quedando en una posición económica más favorable que la de aquellos que fracasan o la de los individuos que no emprenden. En consecuencia, la actividad emprendedora genera una desigualdad de renta que resulta necesaria y se entiende justa en el marco de una economía de mercado. Esta desigualdad viene acompañada de una mejor situación del conjunto de la sociedad, en comparación con el resultado que se obtendría en un sistema sin libre empresa. 

Desde esta perspectiva, podría pensarse que en sociedades con una cultura más igualitaria la actividad emprendedora podría ser más débil que en sociedades donde predominan los valores jerárquicos (1). Sin embargo, la evidencia empírica indica justo lo contrario, como mostramos aquí y aquí.  En estos trabajos ponemos de manifiesto la presencia de mayores niveles de emprendimiento en los países donde predominan los valores igualitarios. Asimismo, la dimensión cultural igualitarismo-jerarquía también incide en la composición y características de los emprendimientos. En aquellos países con una cultura más igualitaria los emprendedores lo son en mayor medida por haber detectado en el mercado una oportunidad que consideran estimulante y lucrativa. Por el contrario, el predominio de valores jerárquicos favorece una composición de la actividad emprendedora con mayor presencia de emprendedores por necesidad, que encuentran en el emprendimiento una salida obligada a situaciones de desempleo o subempleo. En definitiva, en países con valores más igualitarios tiende a existir más actividad emprendedora y de mejor calidad.

El emprendimiento está vinculado naturalmente a la figura del empresario, pese a que éste no tiene porqué ser, ni haber sido necesariamente emprendedor. Y no en pocas ocasiones se asocia injustamente al empresario con el perfil del explotador o el rentista, es decir, individuos de clase socio-económica alta situados en una posición privilegiada a pesar de no contribuir a un bienestar social, que en muchos casos minan. Desde esta perspectiva, se tiende a relacionar la figura del empresario –por contraposición al trabajador- a situaciones de desigualdad económica y rigidez en la estratificación social. Esta identificación superficial bien podría ser de aplicación allí donde una cierta clase empresarial obstaculiza el funcionamiento de los mecanismos de mercado, desarrollando prácticas colusivas, parapetándose en oligopolios o cuasi-monopolios, amparados a veces en el poder político, y dando lugar a un “capitalismo de amiguetes” (crony capitalism). Indicios de este fenómeno amenazan a la economía y la sociedad española de modo inquietante (por ejemplo, esto). 

Sin embargo, el emprendimiento como actividad creativa que aumenta el bienestar social, generando valor económico y empleo,  puede además constituir una palanca efectiva para la movilidad social ascendente. No se percibe así con carácter general en la sociedad española, que tradicionalmente ha preferido ver en el acceso a la función pública la vía óptima de progreso personal y familiar.

Por el contrario, en EE.UU. la actividad emprendedora asume un rol primario en la percepción que los ciudadanos tienen de su país como “tierra de oportunidades”. El emprendimiento es el cauce a través del cual el sueño americano (“the American dream”) se puede convertir en realidad (al menos para algunos). En el modelo estadounidense se entiende que las oportunidades para el progreso de los ciudadanos surgen espontáneamente si se garantizan las libertades económicas y políticas individuales, preservándolas de la interferencia del Estado. Ello se plantea, no obstante, sobre el sustrato ideológico de una concepción igualitaria formulada explícitamente en la propia Declaración de Independencia de 1776:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad."

En el modelo social europeo se asume, por el contrario, que las libertades formales son condición necesaria, pero no suficiente, para promover una auténtica igualdad de oportunidades. El Estado, garantizando el acceso de todos los ciudadanos a unos servicios básicos (especialmente, la sanidad y la educación), debe propiciar esa igualdad de partida, ampliando con ello la libertad real de los individuos.

En la práctica, parece que, frente a lo que pudiera ocurrir en otros periodos históricos, hoy por hoy el modelo europeo favorece una mayor movilidad social vertical que el modelo liberal norteamericano. EE.UU. ya no sería la tierra de las oportunidades que soñó ser, mientras que la vieja Europa mostraría una faz más inclusiva y abierta al progreso personal y social de sus ciudadanos (ver aquí).

En definitiva, el emprendimiento puede ser un mecanismo que favorezca la justicia y la movilidad social en el marco de una sociedad meritocrática que aspire a la igualdad de oportunidades (y no a una igualdad de resultados). No obstante, para ello se requiere de una acción efectiva del Estado en dos ámbitos. Por un lado, desarrollando instituciones transparentes y meritocráticas y defendiendo la competencia efectiva para evitar patologías como el capitalismo de amiguetes. Por otro lado, manteniendo políticas sociales que brinden la oportunidad real a todos los ciudadanos de progresar en función de su esfuerzo y de su talento, permitiéndoles aprovechar y desarrollar sus capacidades, con independencia de cual sea su origen y extracción social. El énfasis en la promoción del emprendimiento que se observa en nuestro país en los últimos tiempos debería venir acompañado de actuaciones consistentes en estos otros campos.

(1) Entendemos aquí por cultura igualitaria a la presente en aquellas sociedades donde los individuos son considerados como seres iguales, compartiendo el compromiso de cooperar con los demás y buscar el bien común. Por el contrario, consideramos que las sociedades jerárquicas son aquellas donde se asume como natural una distribución desigual del poder, los roles y los recursos.